SME afirma que denuncia contra Calderón por extinción de LyFC es indispensable

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) reafirmó hoy su denuncia penal presentada originalmente el 18 de agosto de 2020 en contra del exmandatario Felipe Calderón Hinojosa. La denuncia se inició a raíz de acusaciones sobre actos ilícitos relacionados con la disolución de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en octubre de 2009.

Cabe señalar que se presentó por primera vez ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ahora abarca no solo a Calderón, sino también a varios miembros de su gabinete y jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Según la declaración del SME, la extinción de LyFC, que culminó en la terminación de empleo para más de 44,000 trabajadores eléctricos, fue ejecutada de manera ilegal mediante un "asalto armado y militar".

La denuncia cita el libro "Decisiones difíciles", publicado en 2020, donde Calderón detalla la desaparición de LyFC. El sindicato argumenta que el capítulo 8 podría contener confesiones de actividades que podrían considerarse como delitos, incluyendo abuso de poder, malversación de fondos públicos y actos corruptos vinculados al decreto.

Adicionalmente, la entidad sindical señala el daño substancial a la industria eléctrica nacional debido a esta acción. Entre los perjuicios mencionados se encuentran la modificación de la red eléctrica, reemplazando el cobre por aluminio, y el saqueo de activos patrimoniales de LyFC por parte de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad.

En un comunicado firmado por José Humberto Montes de Oca Luna, Secretario del Exterior del SME, se destaca: "Entre otras cosas podemos mencionar el daño patrimonial del cambio de la red de cobre por aluminio, el saqueo de los bienes patrimoniales de LyFC a manos de funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y la precarización de las condiciones de trabajo en el sector eléctrico nacional".

El sindicato también resalta la importancia de esta denuncia y expresa que va más allá de la búsqueda de justicia para los trabajadores afectados. Considera esta oportunidad como un medio para llevar a juicio a gobiernos neoliberales acusados de saquear al país durante décadas y permanecer impunes.

En última instancia, el SME hace un llamado a la justicia para los presuntos delitos que pudieron haberse cometido durante el proceso de disolución, y aspira a que este acto establezca un precedente para la responsabilidad gubernamental en el futuro.