Clausura del casino Winpot en Hidalgo desata sospechas de corrupción

La reciente clausura del casino Winpot en Pachuca, Hidalgo, afectó a más de 200 empleados y abrió un debate sobre posibles conflictos de interés que involucran tanto a funcionarios estatales como a empresarios con conexiones en la industria de los casinos. La acción fue ejecutada por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo (Copriseh), dirigida por Luis Alberto Mercado Hernández, a pesar de que el casino contaba con todos los permisos vigentes.

Desde el sector empresarial y político, se han emitido críticas señalando que el gobernador Julio Menchaca Salazar no ha intervenido para resolver la situación, incluso cuando existen resoluciones judiciales que ordenan levantar la suspensión del casino. Esto ha generado suspicacias sobre posibles intereses detrás de la clausura.

Documentos obtenidos por este medio revelan que el casino Vía Dorada, ubicado a menos de un kilómetro de Winpot, podría haber salido beneficiado tras el cierre de su competidor directo. Este establecimiento es operado por las empresas Petolof S.A. de C.V. y Hermes S.A. de C.V., cuyos accionistas incluyen a Elías Marianno Gil Valdez, actual secretario de Administración del estado de Hidalgo.

Elías Marianno Gil Valdez es hijo de Sergio Jacinto Gil García, principal accionista de Petolof y personaje señalado en investigaciones previas como operador de una red de corrupción vinculada con la Dirección General de Juegos y Sorteos, unidad perteneciente a la Secretaría de Gobernación. En 2022, Gil García fue acusado de exigir "moches" a casineros para evitar sanciones y permitirles operar sin restricciones.

Además, según fuentes documentadas, Gil García abrió un casino en San Jerónimo, lo que generó controversia al contradecir las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que no permitiría nuevas salas de apuestas durante su gobierno.

Registros oficiales muestran que otro de los accionistas de Hermes S.A. de C.V. es Juan Carlos Martínez Domínguez, conocido como "el hombre del pantalón". Investigaciones de medios nacionales señalan que Martínez Domínguez ha estado implicado en diversas acusaciones de corrupción y fraude.

Entre las denuncias más destacadas se encuentra su participación en la "Estafa Siniestra", un esquema donde se desviaron recursos públicos a través de empresas fachada. Además, se le ha vinculado a la venta de tabletas de origen chino con sobreprecio a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, operación que presuntamente se realizó sin licitación y mediante adjudicación directa.

Por otro lado, Martínez Domínguez ha sido señalado como operador financiero clave durante el gobierno del exgobernador Omar Fayad, con quien habría colaborado en la adjudicación de contratos directos y el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Uno de los casos más emblemáticos es el desarrollo del complejo comercial Vía Dorada, que comparte cercanía con el casino que ahora administra.

Resoluciones judiciales ignoradas

El casino Winpot, con más de 18 años de operación, cuenta con áreas exclusivas para fumadores diseñadas conforme a la normativa. A pesar de esto, fue clausurado el 4 de diciembre bajo el argumento de violaciones a la Ley General para el Control del Tabaco. Según los operadores del casino, presentaron un amparo y suspensión que les permite operar sin estar sujetos a estas disposiciones.

El 9 y el 27 de diciembre, un juez federal ordenó levantar los sellos de clausura y permitir la reapertura del casino. No obstante, los operadores señalan que la Copriseh no ha cumplido estas órdenes, lo que mantiene el negocio cerrado y a más de 200 familias sin ingresos.

La falta de acción del gobernador Julio Menchaca Salazar ha generado cuestionamientos sobre su compromiso con la transparencia y los principios de legalidad. Representantes del Consejo Coordinador Empresarial y otros actores políticos han señalado que este caso no solo afecta a los empleados del casino, sino que también pone en duda el manejo de la administración estatal frente a los posibles conflictos de interés que involucran a funcionarios de alto nivel.